SEBIDES y dependencias de los tres órdenes de gobierno coordinan una jornada para diciembre en Navolato, que beneficie a las familias que más lo necesitan. Sinaloa suma más de 42 mil 800 acciones de certeza jurídica, superando la meta sexenal inicial de 30 mil.
CULIACÁN.- Para cientos de familias, contar con un documento que acredite legalmente la propiedad de su vivienda significa dejar atrás años de incertidumbre, proteger el patrimonio construido con esfuerzo y tener la tranquilidad de que su hogar cuenta con respaldo jurídico. Con ese propósito, el Gobierno de Sinaloa que encabeza Graciela Domínguez Nava, prepara una posible entrega masiva de más de mil acciones de certeza jurídica en Villa Juárez, municipio de Navolato, durante el próximo mes de diciembre, jornada en la que se contempla la posible visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El anuncio se dio durante una Sesión Extraordinaria de la Mesa del Programa Estatal de Certeza Jurídica, encabezada por el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), Francisco Javier Barrón Aguayo, con la participación del secretario general de Gobierno, Julio Saucedo Barrón, y representantes de instituciones federales, estatales y municipales.
Barrón Aguayo informó que la posible jornada en Villa Juárez representa un paso importante para acercar los servicios de regularización y acreditación patrimonial a una comunidad prioritaria a nivel nacional, donde la coordinación entre instituciones permitirá sumar esfuerzos para que más familias puedan contar con documentos que respalden legalmente sus propiedades.
“Queremos comentarles que posiblemente en el mes de diciembre podremos tener una entrega masiva en la comunidad de Villa Juárez, del municipio de Navolato, de más de mil acciones”, adelantó Barrón Aguayo.
Esta iniciativa se suma a los resultados del Programa Estatal de Certeza Jurídica, que actualmente registra más de 42 mil 800 acciones en los 20 municipios de Sinaloa, superando la meta inicial de 30 mil acciones proyectadas para todo el sexenio.
Durante la sesión se revisaron los avances y se establecieron nuevas líneas de coordinación con dependencias como el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Catastro, el Registro Público de la Propiedad, CVIVE y SEBIDES.
El trabajo conjunto busca agilizar trámites, fortalecer la atención territorial y sumar capacidades para que las familias, sobre todo aquellas que viven en comunidades con rezagos en materia de regularización, puedan acceder a documentos que les brinden seguridad sobre su patrimonio.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Julio Saucedo Barrón, reiteró el respaldo institucional para generar las condiciones que permitan incrementar las acciones y ampliar la cobertura del programa, especialmente en zonas prioritarias como Villa Juárez.
La posible entrega de diciembre se vincula con la agenda de atención territorial del Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo. Para esta jornada se contempla también la posible presencia de la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Vega Rangel, además de la eventual asistencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Un documento que cambia la tranquilidad de una familia
Detrás de cada acción de certeza jurídica existe una historia familiar: personas que han construido su vivienda con años de trabajo, hogares que esperan regularizar su situación y generaciones que necesitan la seguridad de contar con un patrimonio reconocido legalmente.
Por ello, el alcance de este programa va más allá de las cifras y los procedimientos administrativos. Significa acercar instituciones a las comunidades, reducir obstáculos para la regularización y convertir un derecho en una posibilidad real para quienes durante años han esperado tener certeza sobre su propiedad.
Con más de 42 mil 800 acciones realizadas y una posible entrega de más de mil en Villa Juárez, Sinaloa busca ampliar la protección patrimonial de sus familias.
Porque una vivienda no es solamente un espacio para vivir: es el resultado de años de esfuerzo, el patrimonio de una familia y el legado que se construye para los hijos. Dar certeza jurídica a ese patrimonio es darles la tranquilidad de saber que su hogar tiene respaldo y que su historia está protegida.