Se propuso crear un comité de vigilancia con participación de autoridades, comunidades y academia para dar seguimiento permanente al cumplimiento de las medidas ambientales.
CULIACÁN.- En el marco de la quinta Mesa de Diálogo sobre el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo, dedicada al cumplimiento de las autorizaciones ambientales, participaron representantes de dependencias del Gobierno de México, del Gobierno del Estado, especialistas, la empresa y representantes de comunidades y organizaciones sociales, quienes intercambiaron información técnica, jurídica y ambiental sobre el desarrollo del proyecto.
Durante la sesión, el Supervisor Ambiental acreditado presentó los resultados del seguimiento independiente al proceso constructivo y explicó las actividades de supervisión que realiza en el proyecto.
La empresa expuso el estado actual del proyecto, los resultados del seguimiento ambiental y los principales elementos del Estudio de Riesgo Ambiental. Explicó las características del amoniaco consideradas para el diseño de las medidas de seguridad, los sistemas de protección industrial previstos, la aplicación de niveles independientes de protección, así como los programas permanentes de capacitación, simulacros y coordinación con Protección Civil y esquemas de ayuda mutua entre la industria.
Representantes del colectivo realizaron una presentación sobre diversos aspectos jurídicos y ambientales relacionados con el proyecto, abordando temas como el sitio Ramsar, el origen de los predios, los recursos legales promovidos y su interpretación del marco normativo aplicable. Asimismo, expresaron preocupaciones sobre la gestión del riesgo, la comunicación de incidentes, la capacidad de respuesta ante emergencias, las rutas de evacuación, el alcance de los estudios de riesgo, la consulta a las comunidades indígenas y la protección del territorio y del patrimonio biocultural Mayo-Yoreme.
En respuesta a diversos planteamientos formulados durante la mesa, el Gobierno de México a través de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), realizaron diversos planteamientos y propuestas concretas.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de SEMARNAT, explicó el procedimiento seguido para la evaluación ambiental del proyecto, los alcances de la resolución judicial relacionada con la consulta indígena y el marco jurídico que rige este tipo de autorizaciones. Precisó que la evaluación se realizó conforme a las atribuciones que la legislación vigente confiere a la autoridad ambiental y señaló que la resolución judicial ordenó reponer el procedimiento de consulta, sin instruir una nueva evaluación de impacto ambiental.
Asimismo, presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la protección ambiental y la participación social en la región:
1.- La realización de un nuevo estudio actualizado de línea base ambiental para el sistema lagunar, con términos de referencia construidos desde todas las instituciones del sector ambiental e incorporando la participación de instituciones académicas, como el Instituto Politécnico Nacional, así como las comunidades pesqueras y del pueblo Mayo-Yoreme de manera que la información pueda ser conocida y compartida con la población.
2.- Fortalecer la transparencia en el seguimiento de las obligaciones ambientales del proyecto, poniendo a disposición de la sociedad información sobre las medidas que debe cumplir la empresa: quién las ejecuta, cuándo se realizan y cuáles son sus resultados, con el propósito de proteger los recursos naturales y garantizar el respeto a los derechos de las comunidades.
3.- Creación de un comité de vigilancia con participación de autoridades, comunidades y academia, que permita dar seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales y evaluar de manera permanente su efectividad.
La SEMARNAT advirtió que cualquier proyecto industrial previsto para la zona deberá analizarse de manera integral, considerando el conjunto del desarrollo industrial y sus posibles efectos acumulativos, y no de forma aislada o fragmentada. Por lo que, si el grupo empresarial presenta otras solicitudes para otras plantas de este conglomerado, serán evaluadas en su conjunto como una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Propuso avanzar hacia un plan integral de restauración ambiental para la Bahía y la Laguna de Ohuira, con objetivos e indicadores claros y una visión de largo plazo que incorpore tanto el conocimiento científico como los saberes tradicionales. Al respecto la Conagua propuso un plan integral de saneamiento de toda la Bahia de Ohuira, con un diagnóstico conjunto con la población, verificaciones de las descargas de la empresa y ejecutar acciones concretas para el saneamiento y un monitoreo manual, así como un automático permanente de 24/7, que genera resultados cada 10 minutos. Esto podrá medirse prácticamente en tiempo real como una alerta temprana que emitirá graficas de tendencia. Este mecanismo ya se utiliza en el monitorio de ríos en el país con la participación de las mismas comunidades.
El Gobierno de México, puso de manifiesto que el proceso de diálogo que se ha desarrollado y en particular la quinta mesa demuestra que el debate no puede reducirse a una confrontación entre quienes están a favor o en contra. La responsabilidad del Estado es garantizar que las decisiones se sustenten en la ley, en la evidencia científica, en la transparencia y en el respeto a los derechos de las comunidades.
Producto del debate de ideas, se clarificó que la protección de un sitio Ramsar y la evaluación de un proyecto de alto impacto ambiental exigen un escrutinio permanente; que las autorizaciones ambientales no agotan la responsabilidad pública; por el contrario, obligan a verificar de manera continua que las condicionantes, las medidas de prevención, mitigación, compensación, restauración y monitoreo se cumplan y produzcan los resultados para los que fueron establecidas
El ejercicio de dialogo permitió entender que el riesgo no debe ocultarse, minimizarse ni convertirse en un tema del que sólo hablen los especialistas. Debe explicarse con claridad, sustentarse en información pública y demostrarse con datos verificables. La sociedad tiene derecho a conocer cómo se protege el medio ambiente, quién supervisa el cumplimiento de las obligaciones ambientales y cuáles son los resultados de esa supervisión.
De igual manera, esta mesa confirmó que la participación de las comunidades no puede entenderse como un acto aislado ni como un requisito formal. La construcción de confianza exige incorporar de manera permanente el conocimiento científico, la experiencia técnica y los saberes tradicionales de quienes han habitado este territorio por generaciones. Cuando la sociedad participa, conoce y verifica, las decisiones públicas adquieren mayor legitimidad.
Las reflexiones y propuestas expresadas durante esta sesión constituyen una oportunidad para fortalecer la gobernanza ambiental de la Bahía de Ohuira y de toda la región de Topolobampo. El Gobierno de México asume el compromiso de que los planteamientos aquí formulados formen parte de la construcción de acuerdos orientados a fortalecer la protección del patrimonio natural, el respeto a los derechos de las comunidades y la transparencia en el seguimiento de las obligaciones ambientales. Ese es el camino para que las diferencias puedan procesarse mediante el diálogo, la información y el cumplimiento de la ley.