El Gobernador explicó que será el Tribunal de Justicia Administrativa quien decida si el caso amerita sanción administrativa o penal.
CULIACÁN.- Derivado de auditorías irregulares realizadas durante el pasado sexenio, mismas que generaron al Gobierno del Estado un adeudo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), actualmente se están substanciando las faltas administrativas contra los presuntos responsables, precisó este lunes el Gobernador Rubén Rocha Moya al responder sobre este tema a representantes de medios de comunicación durante su Conferencia Semanera.
El mandatario estatal destacó que tras una minuciosa revisión por parte de la Secretaría de Transparencia, misma que calificó está falta administrativa como grave, en estricto apego a lo establecido en el marco legal correspondiente, será turnada al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución.
“¿Que está calificado? Que hubo una falta y no es cualquier falta, porque es grave, ya la calificaron de falta grave. Esta por supuesto, la consecuencia es que tenga una sanción, administrativa o penal o, aclarando, administrativa y penal, pueden ser las dos, ¿quiénes? pues los que se impliquen, la averiguación dirá quiénes”, indicó.
Rocha Moya otorgó el uso de la voz a Abelardo Beltrán León, Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia, quién detalló que desde octubre del año pasado recibieron una denuncia por parte del Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), comenzando de inmediato a documentar el hecho, para emitir el correspondiente Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y proceder legalmente.
“El día viernes 10 de enero del 2025, se acaba de notificar la determinación de la calificación de falta administrativa grave al Director General del SATES, en eso estamos ahorita, se notificó el día viernes, el día lunes, hoy, surte efectos, para mañana, pasado, vamos a estar presentando este Informe de Presunta Responsabilidad, primero tenemos la calificación, luego tenemos un informe, este se presenta ante la autoridad substanciadora, una vez que se presenta, esta tiene tres días hábiles para admitirla o no admitirla”, señaló el Subsecretario.
Beltrán León concluyó señalando que una vez admitido el informe, se celebra una audiencia y se notifica a los servidores públicos presuntos responsables, turnándose enseguida al Tribunal de Justicia Administrativa para su desahogo.