El Gobierno de Sinaloa retoma en un documento datos públicos de la Fiscalía General del Estado, del grupo de funcionarios de la UAS que enfrentan procesos penales por presunta corrupción que suman más de 535 mdp.
CULIACÁN.- El Gobierno del Estado de Sinaloa siempre ha sido respetuoso de las instituciones y por su importancia, ha otorgado un respaldo especial al sector de educación superior, por lo que, para clarificar la situación real que existe al interior de la UAS, ha retomado información que ha hecho pública la Fiscalía General del Estado, en un desplegado informativo en el que se señala que a la Universidad Autónoma de Sinaloa se le ha apoyado como nunca antes con recursos ordinarios y extraordinarios, pero funcionarios universitarios que actualmente están sujetos a procesos penales, han pretendido desviar la atención hacia otros aspectos que nada tienen que ver con la autonomía de la máxima casa de estudios.
En el referido documento, el Gobierno del Estado de Sinaloa retoma los datos que se han hecho públicos también en investigaciones periodísticas, en donde se detalla que oficialmente a la fecha se han instaurado 10 procesos judiciales contra altos funcionarios de la UAS por presunta corrupción por un monto total de 535 millones 784 mil pesos.
Las carpetas de investigación contienen imputaciones por distintos hechos, tales como compras y adquisiciones irregulares, sin realizar la licitación correspondiente acorde a la ley.
Derivado de lo anterior, varios funcionarios de la UAS han sido separados de sus cargos por orden judicial, entre ellos el Rector titular y el encargado de Rectoría, motivo por el cual han argumentado una mera “persecución política “.
Cabe destacar que en su lucha contra la corrupción, si bien la presente administración estatal gubernamental emana del Partido Morena, también lo es que se abrieron procesos judiciales contra Alcaldes de los municipios de Culiacán y Mazatlán en años recientes, ambos militantes del mismo instituto político, por incurrir en presunta corrupción, lo que originó que fueran suspendidos de sus funciones.
Contra la corrupción, el gobierno de Sinaloa aplica la Ley por parejo, sostiene el documento.