Presenta hoy Morena iniciativa para eliminar fuero

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presenta hoy la iniciativa de reforma a la Constitución para eliminar el fuero constitucional a todos los funcionarios públicos, sin poner en peligro el funcionamiento de los poderes púbicos en el país.

La iniciativa del diputado Pablo Gómez, que se publicó ya en la Gaceta Parlamentaria de hoy, pretende reformar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución, a partir -indica-de la amplia exigencia popular de terminar con los privilegios a funcionarios que se escudan en la inmunidad para no ser sujetos de procesos penales.

“En dos ocasiones se ha intentado modificar la Constitución con el propósito de ubicar a los servidores públicos en el mismo plano de cualquier ciudadano en cuanto se refiere a la acción penal, eliminando para ello el privilegio del que ahora cuentan”, dice.

En los considerandos se refiere que en ambos casos, las iniciativas se han congelado.

Actualmente, la Constitución le concede a los funcionarios la protección constitucional para que no puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se presente una acusación penal en su contra y hasta el momento en que sean objeto de una sentencia judicial condenatoria.

El fuero, que fue concebido para proteger a los legisladores en sus opiniones, y según el proyecto de Pablo Gómez “es necesario dejar atrás definitivamente la discusión sobre la ubicación física del parlamentario o parlamentaria que emite las opiniones para fijar el carácter inviolable de éstas”.

De esta manera, se busca eliminar el fuero, pero no la inmunidad porque ésta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes, y por ello propone que los funcionarios puedan ser sujetos de proceso penal en libertad.

“Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó”, abunda.

El mismo procedimiento se quiere aplicar a los gobernadores, el jefe de gobierno de Ciudad de México, diputados locales y magistrados de los respectivos tribunales superiores de justicia por la comisión de delitos federales, sin que sea necesario que los congresos de las entidades se pronuncien al respecto.

También se pretende aplicar el mismo procedimiento cuando exista un señalamiento de delitos contra el Presidente, aunque en este caso prevé que una vez dictada la sentencia condenatoria, el asunto tendría que pasar a las cámaras del Congreso para que éstas decidieran retirarle la inmunidad y cesar sus funciones.

“Esta propuesta, que contiene una diferencia respecto del resto de los altos funcionarios, se debe a que es necesario cerrar el camino para impedir un golpe de Estado, que en esta hipótesis sería de origen judicial. En síntesis, el Presidente de la República podría ser juzgado en un tribunal ordinario y sólo en el caso de que fuera sentenciado intervendría el Congreso”, acota.

Cambio al formato del Informe

Por su parte, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) presentó una iniciativa de reforma Constitucionalista para modificar el formato del Informe presidencial, con objeto de que una vez enviado a la Cámara de Diputados, en fecha posterior el Presidente se presente a escuchar intervenciones de los legisladores y responder preguntas que éstos le formulen.

“En la Cuarta transformación que vivirá México es indispensable que el Presidente tenga el mandato constitucional para presentarse ante el Congreso, par que presente un mensaje a la sociedad y se abra un proceso en el que responda a las preguntas de todas las fuerzas políticas”, indicó.

Se trata de una reforma al artículo 69 constitucional, porque sostuvo que el formato de presentación y glosa del Informe es inadecuado para cumplir con la rendición de cuentas, además de que es contrario al respeto entre los poderes.

“No puede ser que el equilibrio de poderes se haya rebajado casi a una entrega por mensajería del Informe”, explicó el diputado.
(LAJORNADA)